Reconocer no basta: viabilidad, sostenibilidad y función social de las indicaciones geográficas en Venezuela (II)

Más allá del registro: qué significa la sostenibilidad de las indicaciones geográficas en Venezuela

Por: ©️ Astrid Uzcátegui Angulo – Marzo, 19, 2026

La sostenibilidad de las indicaciones geográficas en Venezuela merece hoy una atención especial. No basta con que una IGP esté reconocida: debe mantenerse viva, útil y capaz de generar efectos reales en el producto, en la comunidad y en el territorio.

Introducción a las indicaciones geográficas en Venezuela

En la primera entrega de esta serie sostuve que no basta con probar el vínculo entre producto y territorio. Antes del reconocimiento debe existir viabilidad real del signo.

Ahora corresponde abordar la segunda pregunta. ¿Qué debe ocurrir después para que ese reconocimiento tenga vida útil, produzca efectos reales y no quede reducido a un simple logro registral?

La cuestión es decisiva. Una indicación geográfica puede estar válidamente reconocida y, sin embargo, no producir efectos duraderos en el mercado, en la comunidad productora o en el territorio.[1]

Por eso, la sostenibilidad no puede confundirse con la sola permanencia formal del registro. Una indicación geográfica sostenible no es únicamente una indicación geográfica inscrita. Es una indicación geográfica viva.

La propia documentación comparada lo sugiere con claridad. La protección se mantiene mientras el producto siga ajustándose al pliego de condiciones, existan controles y el signo continúe teniendo uso real en el mercado.[2]

Incluso puede anularse si deja de garantizarse el cumplimiento del pliego o si el producto no se comercializa durante varios años consecutivos. Eso revela que la sostenibilidad no es un elemento accesorio del sistema, sino una de sus condiciones de eficacia.[3]

Este texto forma parte de la segunda entrega de una serie de tres publicaciones. La primera se concentró en la viabilidad previa al reconocimiento. Esta segunda aborda la sostenibilidad del signo. La tercera propondrá una lectura crítica de los casos venezolanos ya reconocidos.

Qué debe entenderse por sostenibilidad de las indicaciones geográficas en Venezuela

Cuando hablo aquí de sostenibilidad no me refiero a un uso banal del término. Me refiero a la capacidad del reconocimiento para mantenerse vivo, útil y socialmente fecundo en el tiempo.

La sostenibilidad de una indicación geográfica implica continuidad productiva, valorización económica, cohesión comunitaria y transmisión del saber asociado al producto y al territorio. No basta con que el nombre siga inscrito. Debe producir efectos reales y duraderos.

Por eso, una indicación geográfica sostenible no protege solo un nombre. Activa un territorio. Mantiene una práctica productiva, articula actores, genera incentivos para el control y puede convertirse en una palanca de permanencia económica y cultural para la comunidad que la sostiene.[4]

Una condición posterior al reconocimiento

Después del reconocimiento comienza una etapa mucho más exigente que la del registro. El nombre protegido debe pasar de expediente a instrumento operativo.

Eso exige que los productores sigan ajustándose al pliego de condiciones, que exista trazabilidad, que el signo llegue efectivamente al mercado y que la estructura de gestión no se diluya una vez obtenida la resolución favorable.

En el modelo comparado, esa lógica aparece con nitidez en las obligaciones de gestión, autodeclaración, control y seguimiento del uso en el mercado. La sostenibilidad, por tanto, no empieza años después del otorgamiento. Empieza inmediatamente después de él.[5]

Las dimensiones de la sostenibilidad

1. Sostenibilidad social

La primera dimensión de la sostenibilidad es la social. A mi juicio, esta es la más importante, porque una indicación geográfica difícilmente puede mantenerse viva si quienes están llamados a usarla no comprenden qué es, para qué sirve, en qué condiciones puede emplearse y qué beneficios y responsabilidades comporta.

En contextos donde no existe una cultura arraigada de indicaciones geográficas, el reconocimiento jurídico no produce por sí solo apropiación social del signo. El acto administrativo no sustituye la comprensión colectiva de la herramienta.

Por eso, la sostenibilidad social exige un proceso de socialización de la indicación geográfica. Esa socialización no consiste en una explicación puntual al momento del otorgamiento, sino en una tarea continua de acompañamiento, refuerzo e internalización del signo en la comunidad productora y en la cadena de valor del producto.

Debe repetirse, actualizarse y consolidarse en el tiempo. El concepto puede olvidarse, banalizarse o quedar desconectado de la práctica productiva y comercial si no se refuerza de manera constante.

Esa tarea incumbe, en primer lugar, a las instituciones que acompañan el reconocimiento, especialmente cuando han participado en la fase técnica y de organización previa al otorgamiento. Pero, una vez reconocida la indicación geográfica, el consejo regulador o la estructura equivalente debe asumir también esa función pedagógica y de acompañamiento permanente.

No se trata solo de vigilar el cumplimiento de reglas. Se trata de sostener la comprensión social del signo para que la comunidad lo use de forma consciente y consistente.

La sostenibilidad social exige, además, que esa apropiación no se limite al productor en sentido estricto. Debe alcanzar a los distintos eslabones de la cadena de valor: quienes siembran, cosechan, transforman, envasan, distribuyen, comercializan y presentan el producto.[6]

Solo así el nombre geográfico protegido deja de ser una expresión registral y se convierte en un activo socialmente compartido. Si esto no ocurre, la indicación geográfica puede estar reconocida, pero no verdaderamente incorporada a la vida económica y social del producto.

Esta dimensión no es puramente teórica. En mi propia experiencia profesional, al acompañar procesos de socialización vinculados a la denominación de origen Cacao de Chuao, pude constatar que el reconocimiento no basta para que la comunidad internalice el sentido de la figura.

Fue necesario explicar qué era una denominación de origen, para qué servía, cómo podía usarse y por qué su adecuada comprensión podía beneficiar al producto y a sus productores. Esa experiencia confirma que la sostenibilidad social no es un complemento del sistema. Es una condición de posibilidad de su uso efectivo.

2. Sostenibilidad cultural

La segunda dimensión es la sostenibilidad cultural. Una vez que la comunidad comprende y apropia el signo, se vuelve posible sostener y transmitir el conocimiento vinculado al producto. El propio sistema de indicaciones geográficas protege nombres vinculados a calidad, renombre u otra característica atribuible al origen, lo que presupone una dimensión cultural del producto y de su saber hacer.[7]

En muchos casos, la indicación geográfica protege no solo un bien económico. También protege una práctica, un saber hacer, una memoria productiva y una forma de relación con el territorio.

La sostenibilidad cultural exige que esos conocimientos no queden encerrados en una generación o en un grupo reducido. Deben poder transmitirse de manera continua, reforzarse localmente y hacerse visibles como parte del patrimonio vivo del producto.

Aquí adquieren especial valor los espacios de aprendizaje, los talleres vivos, los museos-taller, las rutas del oficio y otras formas de mediación cultural que permiten mantener activo el vínculo entre conocimiento, comunidad y territorio.

Una indicación geográfica culturalmente sostenible no solo conserva un pasado. También crea condiciones para que ese pasado siga teniendo futuro. Si el conocimiento asociado al producto no circula, no se enseña y no se resignifica dentro de la localidad, la protección del nombre puede subsistir jurídicamente, pero empobrecerse culturalmente.

3. Sostenibilidad institucional

La tercera dimensión es la sostenibilidad institucional. Una indicación geográfica no se consolida sola. Necesita acompañamiento, seguimiento y vigilancia por parte de la estructura que la gestiona y, en una medida razonable, también por parte del Estado.[8]

El reconocimiento debe ir acompañado de una organización capaz de asegurar que los productores cumplen el pliego de condiciones a la hora de comercializar el producto y durante las distintas fases de producción. En la experiencia comparada, esa función se atribuye al solicitante o a la entidad de gestión de la indicación geográfica.[9]

También se requieren controles y seguimiento del uso del signo en el mercado. No basta con haber reconocido un nombre. Hay que verificar que el producto que circula con ese nombre cumple realmente las condiciones que justificaron la protección.[10]

El manual español insiste en controles antes y después de la comercialización, así como en seguimiento del uso de las indicaciones geográficas en el mercado, incluso en almacenamiento, tránsito, distribución y comercio electrónico.

Llevado al caso venezolano, esto significa que la sostenibilidad institucional no depende solo de la voluntad de los productores. Requiere también una política pública de acompañamiento razonable.

Eso incluye seguimiento técnico, fortalecimiento del consejo regulador o estructura equivalente, actualización de reglamentos, apoyo para los controles y una supervisión que no sea puramente declarativa.

Sin esa dimensión institucional, la indicación geográfica corre el riesgo de agotarse tras el acto de reconocimiento. Puede quedar inscrita, pero debilitada en su capacidad de ordenar el uso del nombre y de sostener confianza en el mercado.

4. Sostenibilidad productiva

La cuarta dimensión es la sostenibilidad productiva. Un signo geográfico no puede mantenerse vivo si la producción desaparece, se vuelve marginal o pierde continuidad.[11]

La sostenibilidad productiva supone permanencia del producto, mantenimiento de estándares y capacidad de reproducir en el tiempo las condiciones que justifican la protección. En el pliego de condiciones europeo, esa continuidad se apoya en la definición de métodos de producción, prácticas concretas, justificación del origen y procedimientos de trazabilidad.[12]

Esa continuidad exige, además, algo más que volumen. Exige transmisión del saber hacer y capacidad de incorporar nuevas generaciones de productores.

Si la producción depende de conocimientos locales, técnicas heredadas o prácticas específicas, la sostenibilidad productiva exige que ese conocimiento no se interrumpa con una generación.

Por eso, una indicación geográfica productivamente sostenible debe poder mantener actividad económica real, preservar la regularidad del producto y evitar que el bien protegido se convierta en una referencia simbólica más invocada que producida.

5. Sostenibilidad económica

La quinta dimensión es la sostenibilidad económica. Aquí la pregunta central es si el signo protegido genera o puede generar valor agregado real, no solo para los productores autorizados a usar la indicación geográfica, sino también para los distintos actores de la cadena de valor vinculada al producto.

Esa cadena incluye transformación, envasado, distribución, comercialización, gastronomía, turismo y otros servicios conexos que pueden beneficiarse de la reputación del origen protegido.

Si la indicación geográfica quiere cumplir una función económica, su impacto no debe medirse únicamente en el momento productivo inicial. Debe medirse en el conjunto de relaciones económicas que el producto puede activar a su alrededor.

La propia lógica de la indicación geográfica como signo distintivo apunta a eso: diferenciar en el mercado, indicar calidad y servir como medio de promoción de ventas para quienes cumplen el pliego de condiciones.[13]

Pero esa función solo se realiza plenamente cuando el valor asociado al origen circula efectivamente a lo largo de la cadena y no queda concentrado en un punto aislado.

La sostenibilidad económica tampoco puede presumirse. Debe construirse. Requiere mercado, capacidad de comercialización, visibilidad del signo y una relación razonable entre los costos de control y los beneficios que el reconocimiento puede aportar.[14]

Si el sistema de control es muy costoso, si el mercado no reconoce el valor del origen o si la comunidad no logra capturar una prima real de valor, la indicación geográfica se puede debilitar, aunque el producto sea excelente.[15]

6. Sostenibilidad territorial

La sexta dimensión es la sostenibilidad territorial. Esta, a mi juicio, es una de las más potentes y una de las menos trabajadas en el debate venezolano.

Una indicación geográfica territorialmente sostenible no se limita a identificar un origen. Debe contribuir a dinamizar el territorio al que remite.

Eso puede ocurrir mediante articulación con gastronomía, turismo, comercio local, rutas del producto, ferias, narrativas patrimoniales y otras actividades que transformen el reconocimiento en ecosistema.

Esta idea no contradice la función jurídica de la indicación geográfica. La prolonga. Si el signo distingue un producto por su procedencia geográfica y por cualidades ligadas al origen, resulta coherente esperar que, bien gestionado, también ayude a producir efectos de arraigo, visibilidad y dinamización local.

El propio diseño técnico del pliego de condiciones, del etiquetado y del uso del nombre protegido apunta a crear una relación estable entre producto, territorio y mercado.[16]

Por eso, una indicación geográfica territorialmente sostenible no protege solo un nombre. Genera relaciones alrededor de ese nombre. Puede incentivar visitas, consumo asociado, reconocimiento cultural del lugar e incluso nuevas iniciativas productivas que se apoyen en la reputación construida en torno al producto.[53]

Por qué la sostenibilidad importa en las indicaciones geográficas en Venezuela

Hablar de sostenibilidad en las indicaciones geográficas en Venezuela no es un lujo teórico. Es una necesidad práctica.

Si el reconocimiento no se acompaña de condiciones para mantenerse vivo, el riesgo es que la indicación geográfica termine siendo un logro registral sin impacto durable. Eso puede ocurrir incluso cuando el producto es valioso y el vínculo territorial es real.

La sostenibilidad obliga a desplazar la pregunta. Ya no basta con preguntarse por qué un producto merecía ser reconocido. También hay que preguntarse qué se necesita para que ese reconocimiento genere continuidad, control, valor y tejido territorial en el tiempo.

Por qué el reconocimiento no basta

Si la primera condición de una indicación geográfica es su viabilidad, la segunda es su sostenibilidad. Un signo puede estar bien concebido antes del reconocimiento y, aun así, fracasar después si no se convierte en una herramienta viva.

Por eso, la sostenibilidad no debe entenderse como un asunto marginal o posterior. Debe ser parte del modo mismo en que pensamos el reconocimiento.

Una indicación geográfica sostenible exige apropiación social, refuerzo cultural, gestión institucional, continuidad productiva, valor económico y dinamización territorial.

En la tercera entrega aplicaré este marco de viabilidad y sostenibilidad a los casos venezolanos ya reconocidos. El objetivo será observar en cuáles de ellos se aprecia con mayor claridad esa capacidad de producir efectos reales y en cuáles persisten dudas sobre su eficacia o sobre la idoneidad de la herramienta elegida.

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[1] Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., Manual informativo para los solicitantes de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, octubre de 2025, apartado 9, sobre alcance y duración de la protección.

[2] Ibid., apartado 9.

[3] Ibid.

[4] El pliego de condiciones europeo exige justificar vínculo, origen, métodos de producción, trazabilidad, envasado y etiquetado, lo que revela una arquitectura técnica que debe mantenerse operativa en el tiempo.

[5] Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., Manual informativo…, apartados 9 y 10.

[6] El pliego de condiciones exige identificar procedimientos de origen, fases de producción, etiquetado y trazabilidad, lo que compromete a varios eslabones de la cadena y no solo al productor inicial.

[7] El propio sistema de indicaciones geográficas protege nombres vinculados a calidad, renombre u otra característica atribuible al origen, lo que presupone una dimensión cultural del producto y de su saber hacer.

[8] La obligación de gestión y de control por parte del solicitante o de la entidad gestora aparece expresamente en la documentación comparada.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] En la primera entrega se sostuvo que la indicación geográfica no debería proteger solo una memoria productiva, sino una actividad económica viva.

[12] Comisión Europea / EUIPO. Formulario IV – Pliego de condiciones de una indicación geográfica de productos artesanales e industriales. Documento de trabajo en español.

[13] Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., Manual informativo…, sobre función de la indicación geográfica como signo distintivo y medio de promoción de ventas.

[14] En la primera entrega se vinculó viabilidad económica con mercado, costos de control y captura de valor asociado al origen.

[15] Ibid.

[16] Comisión Europea / EUIPO. Formulario IV – Pliego de condiciones…, especialmente apartados sobre etiquetado, origen y trazabilidad.

[21] Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A., Manual informativo para los solicitantes de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, octubre de 2025, apdo. 2; Anexo II – Formulario normalizado para los documentos únicos a que se refiere el artículo 10; y Formulario IV – Pliego de condiciones, en cuanto exigen identificar nombre, zona geográfica, vínculo, método de producción y demás elementos que permiten determinar si el valor se concentra en el origen o en cualidades objetivamente definibles y verificables.