Propiedad intelectual y reconstrucción de Venezuela tras el doble terremoto de 2026
Cómo movilizar la información tecnológica, el dominio público y las soluciones abiertas al servicio del país
Por: ©️ Astrid Uzcátegui Angulo - Julio 13, 2026
El dolor y la magnitud del desastre pueden producir una comprensible sensación de parálisis. Sin embargo, cada disciplina posee conocimientos capaces de abrir una ventana. Desde la propiedad intelectual también es posible contribuir: no únicamente mediante derechos exclusivos, sino mediante la identificación, verificación y adaptación responsable del conocimiento tecnológico ya divulgado.
Introducción
El doble terremoto del 24 de junio de 2026 no solo destruyó viviendas, escuelas, hospitales y redes de servicios. También puso de manifiesto la fragilidad acumulada de las instituciones venezolanas y la necesidad de pensar la reconstrucción desde todos los campos del conocimiento. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron con menos de un minuto de diferencia y afectaron de forma especialmente grave la franja centro-norte del país, incluida Caracas y el estado La Guaira.[1]
Las cifras continúan modificándose a medida que avanzan la búsqueda, la identificación de víctimas y la evaluación técnica de daños. Al 12 de julio de 2026, el balance oficial citado por Reuters ascendía a 4.490 personas fallecidas, 16.740 heridas, 6.462 rescatadas y 17.907 sin hogar.[2] Por ello, toda cifra utilizada en este artículo debe leerse como provisional y vinculada a una fecha de corte.
La idea de este artículo surgió de una conversación con un antiguo alumno. La pregunta fue sencilla y, al mismo tiempo, exigente: ¿qué podemos hacer quienes trabajamos en propiedad intelectual ante una catástrofe de esta magnitud? No somos ingenieros estructurales, especialistas en salud pública ni responsables de protección civil. Sin embargo, conocemos un sistema que organiza una enorme cantidad de información técnica y que, bien utilizado, puede evitar la repetición de búsquedas ya realizadas, mostrar soluciones ensayadas, identificar capacidades y facilitar procesos de adaptación tecnológica.
En este sentido, el propósito no es ofrecer un inventario total de las necesidades del país ni presentar soluciones técnicas cerradas. Por el contrario, el objetivo es más acotado: proponer una forma de movilizar la información contenida en patentes, modelos de utilidad y otras fuentes tecnológicas, con especial atención a las invenciones que puedan utilizarse legítimamente por encontrarse en el dominio público en Venezuela, a los desarrollos disponibles mediante licencias abiertas y a las tecnologías cuya utilización requiera negociación o autorización.
Como artículo marco, el texto se concentra, por tanto, en cuatro ámbitos: infraestructura y vivienda antisísmica; agua, saneamiento e higiene; gestión de escombros y materiales para la reconstrucción; y niñez, escuelas y tecnologías de rehabilitación. Cada uno exige un estudio autónomo, que desarrollaré posteriormente. Aquí interesa, ante todo, establecer el argumento general: la propiedad intelectual también puede funcionar como infraestructura pública de conocimiento y como instrumento de reconstrucción.
1. De la emergencia a la reconstrucción: delimitar para poder actuar
La dimensión del desastre desborda cualquier aproximación individual. Los análisis iniciales basados en imágenes satelitales han estimado decenas de miles de edificaciones dañadas o destruidas, mientras que la evaluación de hospitales, redes de agua, instalaciones educativas y otras infraestructuras críticas continúa abierta.[3] Miles de personas permanecen desplazadas o alojadas en refugios, donde la disponibilidad de agua segura, saneamiento, atención médica y protección resulta desigual.[4]
La infancia exige una atención particular. Naciones Unidas informó que aproximadamente 680.000 niños y niñas se encontraban entre la población necesitada de asistencia humanitaria, con afectaciones en salud, agua, protección y educación.[5] Estas cifras muestran que la reconstrucción no puede reducirse a levantar edificios: implica restablecer condiciones de vida, servicios, vínculos comunitarios, seguridad y oportunidades.
Una contribución específica desde la propiedad intelectual
Ante problemas innumerables, delimitar no significa ignorar. Por el contrario, significa escoger un campo de responsabilidad y trabajar con rigor desde él. La propiedad intelectual no sustituye la ingeniería, la medicina, la arquitectura, la gestión ambiental ni la política social. Sin embargo, puede aportar una capa de información indispensable: qué soluciones existen, cómo están descritas, quiénes las desarrollaron, cuál es su estado jurídico, qué conocimientos pueden reutilizarse y qué acuerdos serían necesarios para acceder a otros.
En este sentido, el enfoque propuesto obliga a abandonar una visión estrecha de la propiedad intelectual como un sistema reservado a litigios, registros o negocios de alta especialización. Además, la emergencia permite recordar su otra dimensión: la divulgación ordenada del conocimiento y la posibilidad de convertir esa información en decisiones públicas, proyectos de investigación, prototipos, alianzas y soluciones localmente apropiadas.
2. La propiedad intelectual como infraestructura de conocimiento
2.1. Más allá de la exclusividad: información técnica codificada
En el debate público, las patentes suelen presentarse únicamente como derechos de exclusión. Esa función existe, pero no agota el sistema. A cambio de una protección temporal y territorial, el solicitante debe divulgar la invención de manera suficientemente clara para que una persona experta en la materia pueda comprenderla. Los documentos de patente contienen descripciones, reivindicaciones, dibujos, ejemplos, antecedentes técnicos y datos que permiten reconstruir la evolución de una solución.
La OMPI ha insistido en el valor de esta información para la innovación, especialmente en países en desarrollo. En este sentido, sus guías sobre invenciones de dominio público muestran que los documentos de patente pueden servir para orientar el desarrollo de productos, identificar alternativas y aprovechar conocimientos que ya no están sometidos a exclusividad en el territorio pertinente.[6]
En este contexto, no todas las figuras de propiedad industrial aportan la misma clase de información. Las patentes de invención y los modelos de utilidad se relacionan con soluciones técnicas. Los diseños industriales protegen, en principio, el aspecto ornamental o estético de un producto, no sus características funcionales; aun así, sus representaciones pueden resultar útiles para estudiar configuraciones, ergonomía o formas de presentación, siempre que se verifique su situación jurídica y cualquier protección concurrente.[7]
2.2. Información publicada no equivale a dominio público
La primera precisión jurídica es decisiva: que una patente sea pública y pueda consultarse no significa que la invención pueda explotarse libremente. La publicación permite estudiar la tecnología, comparar alternativas y generar investigación. La fabricación, utilización, importación o comercialización de un producto puede, sin embargo, quedar comprendida en derechos vigentes.
El dominio público debe determinarse con un análisis territorial y temporal. Por tanto, una invención puede estar protegida en un país y no en otro; puede haber expirado, haber sido abandonada, no haberse solicitado en Venezuela o no haber producido efectos válidos en el país. La OMPI advierte que la determinación concluyente del estado jurídico puede ser compleja y requiere examinar expedientes, familias de patentes, pagos de anualidades, plazos, decisiones administrativas y datos de las oficinas competentes.[8]
Por esa razón, en este artículo no atribuyo automáticamente la condición de dominio público a una tecnología concreta por el solo hecho de que su patente sea antigua o aparezca en una base de datos. La antigüedad constituye una señal para investigar, no una conclusión jurídica.
2.3. La libertad de operación exige una verificación más amplia
Incluso cuando una patente determinada ha expirado o no existe en Venezuela, la solución final puede incorporar componentes protegidos por otros derechos. Una patente posterior puede dominar una mejora; un software puede estar protegido por derecho de autor; la configuración externa puede estar cubierta por un diseño industrial; y determinadas marcas no pueden utilizarse para presentar el producto como si procediera del desarrollador original.
La evaluación debe aproximarse, por tanto, a un análisis de libertad de operación: identificar los actos que se pretenden realizar, el territorio, la fecha, las características del producto o proceso y los derechos potencialmente relevantes. Las guías de la OMPI recomiendan expresamente verificar patentes dominantes y no confundir la expiración de un documento con una autorización general para ejecutar cualquier variante de la tecnología.[9][10]
Tampoco deben confundirse el dominio público, el hardware abierto y las licencias abiertas. Una obra o invención en dominio público no está sometida al derecho exclusivo que se examina; una licencia abierta, en cambio, presupone normalmente que existen derechos y que el titular concede permisos bajo condiciones determinadas. Ambas vías pueden ser valiosas para la reconstrucción, pero requieren tratamientos jurídicos diferentes.[11]
La disponibilidad jurídica no sustituye la evaluación técnica
Finalmente, la ausencia de una barrera de propiedad intelectual no convierte una tecnología en segura, eficaz o apropiada. Las normas de construcción, la regulación sanitaria, la homologación de dispositivos, la responsabilidad por productos, la protección ambiental y los estándares técnicos permanecen plenamente aplicables. El análisis jurídico de propiedad intelectual debe integrarse, no sustituir, la evaluación técnica y regulatoria.
3. De las bases de datos a la acción: vigilancia tecnológica y lecciones de la pandemia
La existencia de millones de documentos no garantiza que el conocimiento llegue a quien lo necesita. Para convertir información dispersa en capacidad de decisión se requiere vigilancia tecnológica: una actividad sistemática de búsqueda, selección, análisis, actualización y comunicación de información técnica y jurídica.
Durante la pandemia de COVID-19, la OMPI habilitó en PATENTSCOPE un índice específico con búsquedas preconfiguradas para recuperar documentos potencialmente útiles frente a la emergencia.[12] También elaboró paisajes de patentes sobre vacunas y terapias, destinados a mostrar tendencias, actores y relaciones entre tecnologías.[13] Estos instrumentos no resolvían por sí mismos la producción ni el acceso, pero reducían el tiempo necesario para comprender el panorama tecnológico.
La experiencia del INAPI de Chile
La experiencia de Chile ofrece un antecedente especialmente pertinente. En 2020, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) publicó catorce informes de tecnologías de dominio público; ocho se enfocaron en salud y seguridad frente a la COVID-19. Además, un informe tecnológico elaborado por su equipo de patentes permitió acelerar el trabajo de una iniciativa público-privada que recuperó treinta y nueve equipos de ventilación.[14] Uno de aquellos informes estuvo dedicado precisamente a ventiladores mecánicos para adultos y advirtió, con prudencia, que la oficina no certificaba la etapa de desarrollo, eficacia o seguridad de las tecnologías divulgadas.[15]
Este precedente demuestra dos ideas centrales. La primera: una oficina de propiedad industrial puede actuar como articuladora de información útil en una emergencia. La segunda: el boletín tecnológico debe incluir límites claros. Identificar una solución no equivale a validarla; describir su estado patentario no reemplaza los ensayos, la certificación ni la adaptación por especialistas.
Venezuela podría adoptar un modelo semejante para la reconstrucción. No se trataría de copiar documentos extranjeros ni de presentar listados indiscriminados de patentes, sino de producir inteligencia tecnológica orientada a problemas concretos, con análisis jurídico localizado en Venezuela y evaluación interdisciplinaria.
4. Cuatro campos críticos para movilizar conocimiento tecnológico
4.1. Infraestructura y vivienda antisísmica
La destrucción y el daño estructural obligan a actuar en varios tiempos: refugio inmediato, vivienda transitoria, reparación, reforzamiento de edificaciones recuperables y reconstrucción permanente. Las estimaciones satelitales iniciales muestran una afectación de gran escala, aunque el diagnóstico definitivo requerirá inspecciones técnicas individualizadas.[16]
Las bases de patentes permiten localizar información sobre aislamiento sísmico, disipadores de energía, refuerzo de muros y columnas, conexiones, cimentaciones, estructuras modulares, sistemas desmontables y materiales compuestos. Esa información podría organizarse según el problema que pretende resolver, su complejidad, materiales, nivel de madurez, situación jurídica en Venezuela y posibles exigencias normativas.
El objetivo no sería convertir un documento de patente en un manual de obra. Sería ofrecer a universidades, ingenieros, arquitectos, empresas, autoridades y comunidades un mapa razonado de soluciones que merecen evaluación. La reconstrucción postdesastre ha mostrado que una tecnología técnicamente atractiva puede fracasar si no responde al clima, los materiales disponibles, las capacidades locales, los costos, las prácticas constructivas y las necesidades cotidianas de los habitantes.[17]
Por ello, el boletín sobre vivienda e infraestructura debería incorporar una ficha de pertinencia local: posibilidad de fabricación o mantenimiento en Venezuela, disponibilidad de insumos, compatibilidad con normas sismorresistentes, capacidad de capacitación, impacto ambiental y aceptación social.
4.2. Agua, saneamiento e higiene
Por otra parte, los daños en tuberías, plantas, sistemas eléctricos y vías de acceso dificultan el suministro de agua segura. A ello se suma la concentración de personas en refugios y alojamientos temporales. La Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre los riesgos derivados del hacinamiento y de condiciones inadecuadas de agua y saneamiento en los espacios de desplazamiento.[18]
En este ámbito, la vigilancia tecnológica podría identificar filtros portátiles, unidades compactas de potabilización, sistemas de cloración y radiación ultravioleta, mecanismos de dosificación, almacenamiento seguro, detección de contaminantes, baños secos, letrinas mejoradas y tratamiento descentralizado de aguas residuales. El análisis deberá diferenciar tecnologías para hogares, refugios, centros de salud, pequeñas comunidades y redes de mayor escala.
La OMS recuerda que, después de una emergencia, el deterioro ambiental puede incrementar rápidamente las enfermedades relacionadas con el agua y que las personas alojadas en refugios deben disponer de agua segura y saneamiento adecuado.[19] En consecuencia, cualquier selección tecnológica requiere validación sanitaria, protocolos de operación, insumos disponibles, mantenimiento, formación de usuarios y monitoreo de calidad. Una patente puede explicar un mecanismo; no garantiza por sí sola agua potable.
4.3. Gestión de escombros y materiales para la reconstrucción
El PNUD estimó 1,2 millones de toneladas de escombros en el área de La Guaira: aproximadamente 915.000 toneladas procedentes de edificaciones dañadas y 332.000 de bienes domésticos. La institución propuso una gestión integrada que incluya clasificación, reciclaje y reutilización cuando resulte técnica y ambientalmente viable.[20]
En primer lugar, este campo permite explorar tecnologías para la trituración y clasificación de residuos de construcción y demolición, plantas móviles, separación de metales, detección de materiales peligrosos, producción de agregados reciclados, estabilización de suelos y fabricación de elementos no estructurales. Al mismo tiempo, exige considerar información no patentaria, como normas ambientales, protocolos de seguridad, estudios de laboratorio y criterios de calidad.
Por ello, un boletín útil no debería afirmar genéricamente que «los escombros pueden reutilizarse». Por el contrario, tendría que indicar qué fracciones son potencialmente aprovechables, para qué usos, bajo qué ensayos y con qué restricciones. En efecto, la presencia de asbesto, sustancias peligrosas, contaminación, armaduras dañadas o concreto de calidad incierta puede impedir o limitar la reutilización. En consecuencia, la economía circular debe estar subordinada a la seguridad humana y ambiental.
De este modo, una información tecnológica bien estructurada puede reducir la disposición indiscriminada, orientar inversiones en equipos móviles, identificar oportunidades productivas locales y disminuir parte de la demanda de materiales vírgenes o importados. Sin embargo, estas decisiones corresponden a equipos de ingeniería, ambiente, salud ocupacional y gestión urbana, apoyados por información jurídica y tecnológica confiable.
4.4. Niñez, escuelas y tecnologías de rehabilitación
La destrucción o utilización de escuelas como refugios interrumpe la educación y elimina espacios que también cumplen funciones de protección, alimentación, juego y apoyo comunitario. La estimación de 680.000 niños y niñas necesitados de asistencia muestra la escala del desafío.[21]
La información tecnológica puede apoyar el diseño de aulas temporales y espacios seguros mediante estructuras modulares, elementos desmontables, mobiliario plegable, ventilación, iluminación autónoma, sistemas de sombra y soluciones de accesibilidad. La selección debe priorizar seguridad, clima, privacidad, inclusión, rapidez de montaje, mantenimiento y posibilidad de reutilización posterior.
La rehabilitación de personas con lesiones permanentes abre otro campo. Las prótesis, órtesis y demás productos de apoyo no son objetos aislados: forman parte de servicios integrados de evaluación, prescripción, adaptación, entrenamiento y seguimiento.[22] Existen comunidades que comparten archivos para fabricar dispositivos de miembro superior mediante impresión 3D, como e-NABLE, cuyos diseños pueden descargarse y adaptarse bajo las condiciones correspondientes.[23]
Estos recursos son valiosos, pero sería irresponsable presentar una impresión 3D como solución automática para todo niño amputado. El crecimiento, el nivel de amputación, la fuerza, el estado de la piel, las necesidades funcionales, el ajuste y la rehabilitación requieren intervención clínica. El papel de la propiedad intelectual consistiría en identificar diseños, licencias, documentación técnica, restricciones y colaboradores; el del sistema de salud, en determinar su idoneidad y asegurar una atención continuada.
5. Una propuesta concreta: Programa de Vigilancia Tecnológica para la Reconstrucción
5.1. El papel del SAPI y del ecosistema venezolano de propiedad intelectual
El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) ocupa una posición institucional que permitiría coordinar el componente de información de propiedad intelectual. Su propia descripción orgánica incluye la planificación y ejecución de actividades vinculadas con la propiedad intelectual, la difusión de avances tecnológicos y la facilitación de transferencia tecnológica a los sectores productivos y de innovación.[24]
Esto no significa que el SAPI deba decidir qué vivienda se construye, qué filtro se instala o qué dispositivo médico se utiliza. Su función sería reunir y analizar información patentaria, determinar estados jurídicos con la cautela necesaria, estructurar productos de vigilancia y conectar esa información con quienes poseen competencia sectorial.
Cómo funcionaría el programa de vigilancia tecnológica
El programa necesitaría una gobernanza interinstitucional: ministerios y autoridades responsables de vivienda, salud, agua, ambiente y educación; universidades y centros de investigación; colegios de ingenieros, arquitectos, médicos y otros profesionales; COVAPI y especialistas en propiedad intelectual; empresas; organizaciones humanitarias; comunidades afectadas y gobiernos locales. La participación comunitaria no debería añadirse al final, porque la utilidad de una tecnología depende también de necesidades, prácticas y capacidades que solo las personas destinatarias conocen.
5.2. Metodología mínima de trabajo
Un programa serio podría organizar cada investigación en siete etapas:
- Definir el problema con especialistas y usuarios. La búsqueda debe comenzar con una necesidad concreta y criterios verificables, no con una tecnología elegida de antemano.
- Buscar información patentaria y no patentaria. Patentes, modelos de utilidad, literatura científica, normas, manuales, catálogos técnicos y experiencias de reconstrucción deben analizarse conjuntamente.
- Examinar la familia y el estado jurídico. Para cada solución se identificarían países, solicitudes relacionadas, vigencia, abandono, caducidad, expiración y posible efecto en Venezuela.
- Realizar una evaluación preliminar de libertad de operación. El análisis debe considerar patentes dominantes, componentes, software, diseños, derechos de autor, marcas y condiciones de las licencias abiertas.[25]
- Evaluar pertinencia técnica, regulatoria y local. Especialistas sectoriales determinarían nivel de madurez, seguridad, ensayos requeridos, materiales, costos, mantenimiento, regulación y capacidad de adaptación.
- Clasificar la vía de acceso. Cada ficha debería indicar si la solución parece estar en dominio público en Venezuela, se ofrece bajo licencia abierta, requiere licencia o colaboración, o no cuenta con información suficiente para recomendar su utilización.
- Publicar, actualizar y acompañar. El boletín debe incluir fecha de corte, descargos de responsabilidad, enlaces a documentos y un mecanismo para formular consultas, corregir datos y registrar experiencias piloto.
5.3. Productos iniciales posibles
En este contexto, el programa podría comenzar con resultados modestos, públicos y verificables:
- cuatro boletines piloto, uno por cada campo tratado en este artículo;
- un repositorio digital con fichas normalizadas y fecha de actualización;
- una mesa rápida de consulta para instituciones y equipos técnicos;
- talleres de búsqueda de patentes, dominio público y libertad de operación;
- convocatorias universitarias para validar o adaptar tecnologías seleccionadas;
- un registro de pilotos que documente resultados, fallas, costos y aprendizajes.
La experiencia chilena demuestra que estas funciones no son teóricas. Una oficina de propiedad industrial puede producir informes temáticos, colaborar con actores técnicos y reducir tiempos de respuesta cuando convierte la información de patentes en un insumo comprensible y accionable.[26]
6. Límites, responsabilidades y valor real de la propuesta
El dominio público no es una reserva de soluciones listas para instalar. Sin embargo, los documentos pueden estar incompletos para fines productivos, describir prototipos, utilizar materiales inaccesibles, responder a normas extranjeras o haber sido superados por tecnologías mejores. La vigilancia tecnológica no elimina la necesidad de investigación, ensayo, certificación, financiación, compras transparentes, mantenimiento y formación.
Tampoco toda tecnología útil estará libre de derechos. En algunos casos, la mejor opción puede exigir una licencia humanitaria, una transferencia tecnológica, una alianza con el titular, una compra pública o un convenio de investigación. El programa no debería convertir el dominio público en dogma, sino comparar vías de acceso y seleccionar la más responsable para cada necesidad.
La contribución de los expertos en propiedad intelectual consiste precisamente en ordenar esas alternativas. Podemos distinguir información de autorización; patente publicada de tecnología libre; expiración de libertad de operación; licencia abierta de renuncia de derechos; posibilidad jurídica de conveniencia técnica. Esta claridad evita promesas falsas y, al mismo tiempo, permite aprovechar oportunidades reales.
En este sentido, el valor de la propuesta está en reducir la distancia entre el conocimiento existente y los problemas urgentes del país. En una reconstrucción marcada por recursos limitados, no tiene sentido comenzar cada búsqueda desde cero. Tampoco tiene sentido importar una solución sin conocer sus antecedentes, su titularidad, sus condiciones de uso ni su adecuación a Venezuela.
Conclusión: abrir ventanas desde cada disciplina
La propiedad intelectual suele percibirse como un campo técnico, especializado e incluso distante de las urgencias sociales. El doble terremoto obliga a mirar más allá de esa imagen. Las patentes y demás fuentes de información tecnológica pueden ayudar a identificar soluciones, reconstruir trayectorias de innovación, localizar colaboradores, evitar duplicaciones y determinar qué conocimientos pueden utilizarse, adaptarse, licenciarse o desarrollar en Venezuela.
La propuesta no pretende atribuir a la propiedad intelectual un poder que no tiene. Una base de datos no reconstruye una casa, no potabiliza el agua, no retira los escombros y no rehabilita a un niño. Sin embargo, puede aportar conocimiento para que los equipos responsables actúen con más información, comparen alternativas y encuentren rutas que de otro modo permanecerían invisibles.
Finalmente, este es apenas un primer paso. Los próximos artículos profundizarán en los cuatro campos aquí anunciados: vivienda e infraestructura antisísmica; agua, saneamiento e higiene; gestión de escombros y materiales; y niñez, escuelas y tecnologías de rehabilitación. La tarea requiere muchas disciplinas y muchas voces. Desde la propiedad intelectual también podemos ayudar a abrir ventanas y a poner el conocimiento existente al servicio de la reconstrucción de Venezuela.
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[1] Vivian Sequera y Mayela Armas, “Two Major Earthquakes Strike Venezuela, Killing at Least 32 and Injuring Hundreds,” Reuters, 24 de junio de 2026, actualizado el 25 de junio de 2026, https://www.reuters.com/world/americas/earthquakes-shake-venezuela-capital-2026-06-24/.
[2] Reuters, “Death Toll from Venezuela Earthquakes Rises to 4,490,” 12 de julio de 2026, https://www.reuters.com/world/americas/death-toll-venezuela-earthquakes-rises-4490-2026-07-12/.
[3] Julia Symmes Cobb y Leonardo Fernandez Viloria, “Between Silence and Shouts, Rescuers Dig for Venezuela Twin Quake Survivors,” Reuters, 30 de junio de 2026, actualizado el 1 de julio de 2026, https://www.reuters.com/business/environment/hopes-finding-more-survivors-venezuela-earthquakes-fade-2026-06-30/.
[4] Deisy Buitrago y Vivian Sequera, “Death Toll from Venezuela Quakes Rises to 3,535 as Thousands Remain Displaced,” Reuters, 6 de julio de 2026, actualizado el 7 de julio de 2026, https://www.reuters.com/world/americas/death-toll-venezuela-quakes-rises-3535-thousands-remain-displaced-2026-07-06/.
[5] Naciones Unidas, “Venezuela: 680.000 niños necesitan ayuda tras los terremotos,” Noticias ONU, 28 de junio de 2026, https://news.un.org/es/story/2026/06/1541616.
[6] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Uso de invenciones que están en el dominio público: Guía para inventores y emprendedores (Ginebra: OMPI, 2020), 9–14, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1063.pdf.
[7] OMPI, “Preguntas frecuentes: los diseños industriales (también denominados dibujos y modelos industriales),” consultado el 13 de julio de 2026, https://www.wipo.int/es/web/designs/faq-industrial-designs.
[8] OMPI, Identificación de invenciones que están en el dominio público: Guía para inventores y emprendedores (Ginebra: OMPI, 2020), 12–13, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1062.pdf.
[9] OMPI, Identificación de invenciones, 12–20 y 28–29; OMPI, Uso de invenciones, 14–17 y 49–50.
[10] OMPI, Identificación de invenciones, 20 y 28–29. La guía advierte que, aun cuando una patente determinada haya expirado o no produzca efectos en un territorio, otras patentes dominantes pueden seguir siendo relevantes para la libertad de operación.
[11] Open Source Hardware Association, “Open Source Hardware Definition,” consultado el 13 de julio de 2026, https://oshwa.org/resources/open-source-hardware-definition/; Creative Commons, “Public Domain,” consultado el 13 de julio de 2026, https://creativecommons.org/public-domain/.
[12] OMPI, “PATENTSCOPE: COVID-19 Index,” consultado el 13 de julio de 2026, https://patentscope.wipo.int/search/en/covid19.jsf.
[13] OMPI, COVID-19-related Vaccines and Therapeutics: Preliminary Insights on Related Patenting Activity during the Pandemic (Ginebra: OMPI, 2022), https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4589.
[14] Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), Reporte INAPI 2021 (Santiago: INAPI, 2021), 22–23, https://www.inapi.cl/docs/default-source/2021/cuenta-publica-2020/reporte_inapi_2021.pdf.
[15] INAPI, Ventiladores mecánicos para adultos: Informe de tecnologías de dominio público, ed. 110 (Santiago: INAPI, abril de 2020), 2, https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/informe_dp_110.pdf.
[16] Symmes Cobb y Fernandez Viloria, “Between Silence and Shouts.” El análisis satelital citado por Reuters estimó decenas de miles de edificaciones dañadas o destruidas; las cifras deben considerarse provisionales y sujetas a revisión técnica.
[17] Kamal Kishore, “Getting Post-Disaster Housing Recovery Right,” United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 29 de diciembre de 2025, https://www.undrr.org/news/getting-post-disaster-housing-recovery-right.
[18] Buitrago y Sequera, “Death Toll from Venezuela Quakes Rises to 3,535.”
[19] Organización Mundial de la Salud (OMS), “Environmental Health in Emergencies,” consultado el 13 de julio de 2026, https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/environmental-health-in-emergencies; OMS y Public Health England, Water, Sanitation and Hygiene: Risk Management Considerations (Ginebra: OMS, 2017), https://cdn.who.int/media/docs/default-source/disaster-mngmt/risk-management-wash-december2017.pdf.
[20] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “UNDP Estimates 1.2 Million Tonnes of Debris in La Guaira Area, After Earthquakes in Venezuela,” 29 de junio de 2026, https://www.undp.org/press-releases/undp-estimates-12-million-tonnes-debris-la-guaira-area-after-earthquakes-venezuela.
[21] Naciones Unidas, “Venezuela: 680.000 niños necesitan ayuda.”
[22] Organización Mundial de la Salud, “Assistive Technology,” 2 de enero de 2024, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology.
[23] e-NABLE, “Build a Hand,” consultado el 13 de julio de 2026, https://enablingthefuture.org/upper-limb-prosthetics/. La propia plataforma delimita los supuestos de uso de sus dispositivos, exige selección, medición y ajuste adecuados, y no presenta esos diseños como sustitutos automáticos de una prótesis clínica.
[24] Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), “Sobre nosotros,” consultado el 13 de julio de 2026, https://sapi.gob.ve/sobre-nosotros/.
[25] OMPI, Identificación de invenciones, 11–13 y 28–29; OMPI, Uso de invenciones, 49–50.
[26] INAPI, Reporte INAPI 2021, 22–23.
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